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martes, 13 octubre 2015

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ADVIERTE QUE PODER JUDICIAL IMPIDE INSPECCIÓN EN “MARANGUITA”

 
  • Concejo Municipal aprobó Acuerdo que declara de interés y necesidad local verificar las condiciones del inmueble Documento aclara que en caso de producirse una desgracia no será responsabilidad del Municipio

Las autoridades del Poder Judicial vienen impidiendo a los representantes de la Municipalidad de San Miguel la realización de una inspección  a las instalaciones del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, conocido como Maranguita. De esta manera resulta imposible conocer si el inmueble reúne o no las condiciones necesarias de seguridad en materia de Defensa Civil.

En ese contexto, el Concejo Municipal de San Miguel acordó por unanimidad declarar de interés y necesidad local que el Poder Judicial permita la visita de los técnicos a ese recinto que en la última década ha sido escenario de amotinamientos, reyertas, fugas, balaceras e incendios que ha dejado como consecuencia internos heridos y muertos.

El Acuerdo de Concejo, publicado hoy en el diario oficial,  deja además constancia que de producirse una desgracia dentro o fuera del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, será única responsabilidad de las autoridades que impiden el trabajo del personal de la Municipalidad y de quienes omiten la intervención conociendo de la gravedad y riesgo que genera un centro de rehabilitación en tales condiciones.

El Concejo municipal y el alcalde Eduardo Bless, pidieron al Congreso de la República, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y demás autoridades que intercedan ante las autoridades del Poder Judicial para que permita las acciones que se demandan. Mientras tanto, la Procuraduría Pública Municipal viene evaluando las acciones legales que la Municipalidad puede iniciar contra los responsables.

Cabe precisar que el 22 de junio del presente año se inició un procedimiento sancionador  por no permitir la inspección estipulada en la ley y se ha cursado oficios comunicando de este hecho al Presidente del Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación y al Congreso para que se designe un Fiscal Provincial de Familia y realizar una inspección conjunta. Esto permitiría conocer el estado real del establecimiento y, de ser necesario, tomar acciones para salvaguardar la vida de los menores internos y los vecinos de la zona.

El Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima se ha convertido en una “bomba de tiempo” y mientras se espera que el Poder Judicial lo traslade a otro lugar urge verificar  las condiciones mínimas de seguridad.

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